En los últimos 10 años, el volumen medio anual del comercio mundial de armas convencionales, incluido el material de defensa, equipos para las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y armas de caza y tiro deportivo, se evalúa en alrededor de 100.000 millones de dólares.
El 70% de las ventas de armas está en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entre los 10 principales fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia.
Como resultado de una larga campaña de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, en 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas votó masivamente a favor de la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
España fue de los primeros Estados en firmar el Tratado el 3 de junio de 2013 y lo ratificó en 2014. El Tratado, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, establece como norma vinculante de derecho internacional el principio de “no autorizar armas para cometer atrocidades”.
La “Regla de Oro” del TCA prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión.
Esta Regla obliga también a los Estados a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, entre otras cuestiones. Los Estados deben denegar las autorizaciones si hay un riesgo “preponderante” de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños y niñas.
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